Santiago Macías. Foto Bierzotv.

Santiago Macías niega todas las acusaciones que ha realizado la Junta Directiva de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) sobre él, “Son rotundamente falsas” asegura Macías a través de un comunicado de prensa en el que critica duramente la forma en la que ha sido dado de baja en la citada asociación y en el que manifiesta que espera que sea el juez quien dicte sentencia ante lo que que considera un atropello moral y jurídico hacia su persona.

COMUNICADO

«Mi actuación ha sido intachable siempre, como se demuestra con las actas de todas las asambleas celebradas hasta la fecha, con excepción de la del pasado 27 de septiembre de 2014, en la cual y aprovechando mi ausencia (que era conocida por escrito por la Junta Directiva) y sin figurar en ningún punto del orden del día, se manifestaron toda una serie de falsas acusaciones contra mi persona.

La Junta Directiva de la ARMH me notificó el acuerdo de mi expulsión el pasado 10 de marzo, solo 11 días antes de celebrarse la Asamblea y sin tramitar ningún expediente sancionador previo, impidiendo mi derecho de defensa. Impugné dicho acuerdo, que le fue notificado a la Junta Directiva a través de un Notario de Ponferrada para su traslado a todos y cada uno de los socios, lo cual NO SE HIZO NI ANTES, NI DURANTE, NI DESPUÉS DE LA ASAMBLEA.

En la impugnación notarial del acuerdo de mi expulsión solicité la práctica de pruebas en mi derecho de defensa, que la Junta Directiva también SE HA NEGADO A PRACTICAR.

La ARMH tiene OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN SOCIOS (881) según se manifestó por parte de la Junta Directiva en la Asamblea General. A ninguno de ellos le remitieron previamente mi escrito de defensa, que consta de 50 páginas. En la propia Asamblea, el Presidente se limitó a decir “el que quiera saber algo, aquí tiene el expediente”. El número de socios asistentes representa el 3,86% del censo total de socios de la ARMH. El número de socios presenciales que votaron a favor de mi expulsión fue del 2,84% del censo total de la asociación.

A la Asamblea General solamente asistieron TREINTA Y CUATRO PERSONAS (34). De ellas VEINTICINCO votaron a favor de mi expulsión, DOS votaron en contra, y SIETE de los presentes se abstuvieron por su desconocimiento de cómo se había desarrollado el proceso de expulsión. De los VEINTICINCO VOTOS A FAVOR, aproximadamente VEINTE eran miembros de la JUNTA DIRECTIVA, familiares de éstos, parejas o allegados, así como otras personas que en algún momento han sido asalariados y/o dependientes de la propia Asociación.

La Junta Directiva solicitó la delegación de voto de OCHENTA PERSONAS sin que en la Asamblea se facilitase la identidad de los mismos. Todos ellos, al igual que el resto, desconocían y desconocen cómo ha sido el proceso de expulsión. Votaron, por tanto, a ciegas.

Previo al inicio de la Asamblea, el presidente intentó por todos los medios evitar que su desarrollo se grabara en cualquier soporte, lo cual había sido expresamente solicitado por mi parte para poder aportarlo como prueba en sede judicial. Su negativa fue recogida en audio, así como el desarrollo total de la Asamblea.

La Asamblea se desarrolló por espacio de DOS HORAS Y CINCO MINUTOS. Llegados al punto concreto de la ratificación de mi expulsión, la mesa limitó mi intervención a un máximo de CINCO MINUTOS, con lo cual no pude informar a la Asamblea del contenido del escrito de impugnación, que había sido silenciado por la Junta Directiva. Durante mi intervención fui sistemáticamente interrumpido por varios de los asistentes, incluidos los miembros de la mesa. No pude, por tanto, defenderme.

Pretendí hacer intervenciones en algunos puntos del orden del día, pero desde la mesa fui remitido a hacerlo en el último de ellos, el de ruegos y preguntas. Pero llegados a ese momento, el presidente me negó el derecho a intervenir asegurando que ya NO ERA MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN.

En los próximos días interpondré judicialmente las acciones legales procedentes para solicitar que se restituya mi condición de socio así como para exigir la responsabilidad penal correspondiente a los miembros de la JUNTA DIRECTIVA que proceda.

Quisiera aclarar que nada hay más lejos de mi intención que perjudicar a una Asociación que contribuí a fundar y que forma parte de mi vida. Pero no puedo dejar de reclamar mi derecho al honor ante lo que considero una persecución en base a motivos de animadversión personal y diferencia de criterios políticos, que creo son los que han llevado a D. Emilio Silva a iniciar este proceso desde que pasé a formar parte de la candidatura del Partido Socialista Obrero Español para las elecciones municipales de 2011 en Ponferrada, mientras él ocupaba un puesto remunerado de carácter político en el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Una vez fuera de la Junta Directiva por voluntad propia, puedo demostrar que la defensa de la Memoria Histórica ha seguido en mi ideario y en mi plan de actuación, con o sin la colaboración de la ARMH. Aquellos que fundamos la Asociación lo hicimos porque creíamos en la Justicia. Sigo creyendo en ella a todos los niveles y espero que actúe en esta ocasión.

Espero que puedan entender que se trata de un tema desagradable para mí y que a partir de ahora lo más importante sigue siendo ayudar a las familias de las personas represaliadas y no los enfrentamientos personales de la Junta Directiva con un socio. Es por ello que no haré declaración alguna a este respecto, en el ánimo también de que sea un juez el que dicte sentencia sobre lo que considero un atropello moral y jurídico infinitamente alejado de los fines y espíritu de la ARMH».