Silvia Martínez. Foto: Raúl C.

La jueza decana, Silvia Martínez Cantón, ha aportado hoy los datos de la memoria de los Juzgados de Ponferrada correspondiente al año 2017. En una primera valoración, Martínez ha destacado que la carga de trabajo sigue aumentando y que los indicadores que utiliza el Consejo General del Poder Judicial para elaborar los informes están obsoletos, “Porque el trabajo de los jueces no se mide por tiempo sino por número de actuaciones y resoluciones”, ha recordado la Jueza.

Según el informe de diciembre de 2017 la carga de trabajo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en el orden Civil llegó hasta el 146%, una cifra que no tiene en cuenta otros indicadores como las nuevas labores surgidas con motivo de las modificaciones procesales instadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea relacionadas con los consumidores. De contabilizarse, Silvia Martínez afirma que el porcentaje llegaría al 200%, es decir la carga de trabajo real sería del 200%, el doble de lo recomendado por el propio Consejo General del Poder Judicial.

En el orden Penal el índice es de solo un 35%, un porcentaje que tampoco se ajusta a la realidad ya que según la Jueza Decana solo entran a los juzgados los atestados cuando el autor del delito es conocido, sino quedan en la Policía Nacional o en la Guardia Civil.

La cargas en lo Civil y en lo Penal aumentaron en el 2017 un 5% con respecto al año anterior.

Sala que se destinará al Juzgado de Violencia Machista en Ponferrada. Foto: Raúl C.

En el Juzgado de Violencia Machista se produjo también un incremento de asuntos, se pasó de los 375 de 2016 a los 388 de 2018. Respecto a este Juzgado, Silvia Martínez ha anunciado que ya se han adjudicado las obras para la creación de un nuevo espacio para el Juzgado. Obras que están previstas para el presente año al igual que las de 2 nuevas salas de vistas.

En el Juzgado Social también se incrementaron los asuntos incoados, 1.376 en 2016 y 1.665 en 2018.

La Jueza ha lamentado que a pesar de que la carga sigue aumentando y que los jueces han tenido que cubrir 135 sustituciones en Villablino sin ningún tipo de remuneración, las dilaciones a la hora de dictar sentencia no han aumentado porque se han realizado con el esfuerzo de los propios jueces y sus equipos de trabajo, un hecho que Martínez afirma termina repercutiendo negativamente en la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores.

Silvia Martínez ha manifestado, un año más, la necesidad de la especialización de los 8 juzgados mixtos con la separación de las jurisdicciones, tal y como está contemplado por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial.

En junio del año 2017 la Junta General de jueces del Partido Judicial de Ponferrada aprobó por unanimidad secundar las 14 propuestas para la mejora de la justicia convenidas en el seno de la Comisión Interasociativa Permanente del 16 de junio de 2017. Propuestas que incluyen establecer unas cargas máximas de trabajo y la adopción de medidas para prevenir los riesgos de salud laboral que se puedan derivar de no tener en cuenta las cargas de trabajo.

Se denuncia que los avances en materia laboral que ven los trabajadores reflejados en sus estatutos o a la ley reguladora de los funcionarios públicos no se traslada a los jueces, como ejemplo la Jueza ha puesto el permiso de paternidad que para los jueces sigue siendo de 15 días. Por todo ello, Silvia Martínez, ha convocado para el 5 de abril una junta general de jueces para reafirmar las propuestas ya realizadas y emitir un pronunciamiento sobre las movilizaciones previstas. De secundarse se realizará una parada en los Juzgados a las 13 horas para dar lectura pública de las propuestas indicadas.

Desde los Juzgados de Ponferrada se lamenta también que no sean tenidas en cuenta sus recomendaciones o sugerencias a la hora de implantar mejoras. La Jueza pone como ejemplo la ampliación de la caseta de la Guardia Civil a la entrada de los Juzgados, en la que se han invertido alrededor de 10.000 euros, y que no ha satisfecho las necesidades reales de recibir mejor a los ciudadanos, ubicar a dos funcionarios y cumplir con la normativa de accesibilidad.

En cuanto a los expedientes digitales, la firma digital, la introducción de tabletas digitales o las incorporación de las video-conferencias con las residencias de la tercera edad, Silvia Martínez reconoce que han supuesto una mejora en el sistema de trabajo pero que todavía tienen deficiencias como la lentitud, la falta e poder incluir marcadores en los expedientes, o la falta de agilidad a la hora de tener que añadir la firma de otras personas que no sena los fiscales o los letrados.