Durante el mandato de Gloria Fernández Merayo se provisionaron 2,4 millones de euros. El Ayuntamiento tiene dudas de que la sala de admisión del Supremo admita el recurso de casación

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha manifestado hoy que los servicios jurídicos, y los abogados que llevaron el caso del préstamo que la Fundación de Deportes solicitó al Banco de Santander para el Mundial de Ciclismo de 2014, están analizando la sentencia del TSJ de Castilla y León que obliga a pagar al Ayuntamiento los 2,4 millones de euros que no se abonaron a la entidad bancaria.

Esa decisión, tomada durante el mandato de la exalcaldesa, Gloria Fernández Merayo basándose en que el Ayuntamiento no figuraba como garante o avalista, ni tampoco como propietario de bienes afectos al pago de la deuda, hizo que entonces se provisionaran 2,4 millones de euros por si finalmente se tenía que pagar esa cantidad más los intereses.

El Ayuntamiento tiene 30 días para decidir si presenta el recurso de casación ante el Supremo y, aunque en el fondo se tiene la certeza que se puede ganar el caso, desde el equipo de gobierno se teme que sea rechazado por la sala de admisión, «Es muy difícil que pase la sala de admisión», ha manifestado Morala, quien ha añadido que la semana que viene se tendrá el informe jurídico, «Les hemos emplazado la próxima semana para que nos den el resultado de esa análisis riguroso, desde el punto de vista jurídico, de la admisión de este recurso ante el Tribunal Supremo».

El equipo de gobierno esperaba poder utilizar los 2,4 millones provisionados en tres líneas de actuación que ahora se pueden ver comprometidas, y que tenían que ver con un plan de reactivación económica, la comprometida reforma tributaria, y el asfaltado de las vías públicas de Ponferrada.

Podrán circular vehículos libremente por el centro de la ciudad y no se sancionará, como mínimo, hasta diciembre de 2027

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha dado a conocer hoy la ordenanza que regulará la Zona de Bajas Emisiones, creada en el pasado mandato por el equipo de gobierno del PSOE, y que contempla dos puntos principales, tal y como estaba reflejado en los programas electorales del Partido Popular y de Coalición por El Bierzo.

En la ZBE creada en el centro de la ciudad podrán circular todos los vehículos de forma normal salvo los días que se superen los límites de calidad del aire; y el régimen sancionador no entrará en vigor hasta el diciembre de 2027, fecha que se podrá prorrogar.

La concejala de Fondos Europeos, Lidia Coca, ha acusado al PSOE de haber diseñado la Zona de Bajas Emisiones y decido, en Junta de Gobierno, su implantación con fondos europeos con fines exclusivamente electoralistas.

Iván Alonso, concejal de Infraestructuras, ha defendido la coherencia de la posición de Coalición por El Bierzo sobre este tema ya que formó parte del anterior equipo de gobierno y la Zona se aprobó con sus votos.

El 14 de mayo es la fecha límite para celebrar un pleno extraordinario, antes del 1 de diciembre de este año, en el que se tendrá que aprobar la ordenanza para no tener que devolver los 3 millones de euros de fondos europeos que Ponferrada recibió para acometer las obras del proyecto.

La sanción reflejada en la ordenanza contempla una multa de 200 euros, la misma cuantía que se aplica para las zonas de carga y descarga o amarilla. Desde el equipo de gobierno se asegura que no se sancionará ya que en los últimos 20 años solo hubo un día en el que se superó el límite de contaminación, cuyo índice se podrá ver en tiempo real en las pantallas que se han instalado en el entorno de la ZBE.

La institución provincial destina a la línea de subvenciones ‘Ruralar’ para adquirir, rehabilitar y alquilar viviendas en los pueblos un total de casi 730.000 euros desde 2021

La Diputación de León ha concedido ayudas por un total de 729.907 euros para la línea de subvenciones ‘Ruralar’, divididas en tres fórmulas de actuación: adquisición y edificación, rehabilitación y reforma y alquiler de viviendas en los pueblos de la provincia desde el año 2021.

Gracias a la iniciativa, puesta en marcha a través del área de Juventud encabezada en este mandato por la diputada Patricia Martínez, 330 leoneses se han visto beneficiados con este impulso económico, que busca fomentar el acceso a la vivienda en el medio rural a jóvenes de la provincia empadronados en municipios de población inferior a 20.000 habitantes, favoreciendo la emancipación residencial del colectivo joven y contribuyendo a la lucha contra la despoblación.

La tercera convocatoria, correspondiente al ejercicio 2023, ha sido resuelta de forma provisional el pasado 15 de abril con un montante total de 330.281 euros, una concesión que se ha ido incrementando desde su puesta en marcha en 2021 con una inversión de 125.735 euros, y que ya en 2022 se amplió hasta los 273.891 euros.

En esta última convocatoria, con 56.390 euros más que la pasada, la institución provincial ha logrado aumentar el número de beneficiarios de las ayudas hasta los 145, que fue de 70 en el primer ejercicio (2021), y de 115 personas en el ejercicio anterior (2022), los cuales durante el primer cuatrimestre de 2023 percibieron en su totalidad las cuantías de las ayudas aprobadas y justificadas en la convocatoria correspondiente a 2022.

En concreto, en la reciente resolución, las ayudas van desde un mínimo de 496 euros hasta un máximo de 2.900 euros, en función de los gastos subvencionables y los presupuestos acompañados por los solicitantes.

Por otra parte, el servicio de Juventud de la Diputación trabaja ya en la preparación de las ayudas de 2024, a las que se destinará un presupuesto cercano a los 400.000 euros y cuya convocatoria se prevé publicar en la última quincena de agosto.