BAL recurre la decisión de la Junta de permitir la ganadería y la caza en montes incendiados

Los ecologistas no descartan presentar una denuncia ante los juzgados si no se tienen en consideración sus recursos

El movimiento ecologista de León, representado por las asociaciones Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción de León y la Plataforma para la defensa de la cordillera Cantábrica, han decidido recurrir en alzada las resoluciones de la Junta que pretenden permitir la ganadería y la caza en los montes de la provincia de León incendiados el pasado verano.

Los ecologistas se oponen a la decisión del Servicio Territorial de Medio Ambiente del pasado 12 de febrero, publicado en el Boletín Oficial Provincial de León, de dejar sin efecto la suspensión de los aprovechamientos cinegéticos y ganaderos en la totalidad de los terrenos afectados por los incendios del pasado verano.

Recuerda que el objetivo de la suspensión es permitir la recuperación de la cubierta vegetal, es automática, tiene una duración de 5 años y está regulada en el artículo 92 de la Ley de Montes de Castilla y León. No obstante, ese mismo artículo reconoce que dichas prohibiciones podrán ser levantadas “cuando se acredite la compatibilidad de los aprovechamientos con la regeneración del monte incendiado y con la restauración del hábitat y supervivencia de las especies de flora y fauna silvestre”.

Sin embargo, los ecologistas recuerdan que la Junta no ha evaluado el impacto ambiental de los incendios, no ha estudiado su repercusión sobre las especies de flora y fauna, no ha elaborado planes de restauración y «ni siquiera ha convocado al Consejo Regional de Medio Ambiente».

Para BAL la decisión de la Junta de levantar las prohibiciones se toma sin ningún rigor técnico y afectando a todo el territorio afectado por el fuego y a las especies cinegéticas (incluidas las de caza menor). Añaden que además no se tiene en cuenta el régimen de protección de espacios de la Red Natura 2000 y/o parques regionales, nacionales o reservas de la biosfera.

Los ecologistas no descartan seguir la vía contencioso-administrativa o penal por prevaricación ambiental si se desestiman los recursos presentados.