Bierzo Aire Limpio recuerda que la Central de Calor de Ponferrada es ilegal y que ha quedado obsoleta

Bierzo Aire Limpio responde a las recientes declaraciones del consejero Suárez-Quiñones sobre la central de calor de Ponferrada que distorsionan la realidad judicial y ambiental

En relación con las recientes manifestaciones del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sobre el proyecto de Red de Calor de Ponferrada, desde Bierzo Aire Limpio han dado contestación a las mismas por considerar que carecen de rigor.

La Asociación afirma que el proyecto de la Red de Calor ha quedado obsoleto teniendo en cuenta las deficiencias que ha presentado en su tramitación y en la evaluación de sus impactos. Por ello, critica las palabras de Quiñones cuando afirmó que las acciones judiciales contra la Red son «palos en las ruedas». «No estamos ante opiniones ni interpretaciones, sino ante un pronunciamiento judicial que constata infracciones graves del ordenamiento jurídico, entre ellas el fraccionamiento artificioso del proyecto, la vulneración de la normativa ambiental y la inexistencia de cobertura urbanística adecuada, así como el derecho a la información pública», recuerdan.

Los ecologistas afirman que sus acciones contra el proyecto son legítimas y niegan que la Administración «vaya ganando» los procedimientos. Le recuerdan al Consejero que hasta el momento ha perdido todos los juicios. «Cabe recordar que, tras las sentencias de 2020 y de 2021 que la declaraban ilegal, el Ayuntamiento de Ponferrada se vio obligado a autorizarla por segunda vez para poder seguir avanzando con el proyecto y las obras siendo ese nuevo intento el que también ha vuelto a ser anulado en julio de 2025», señalan.

Por otro lado, BAL apunta a que el sistema de incineración de biomasa genera un impacto ambiental probado por la emisión al aire de partículas con acreditados efectos adversos para la salud de las personas. «Presentarla como una solución avanzada no es solo inexacto, sino que contribuye a banalizar sus riesgos y a ocultar un debate científico que cada día tiene mejor analizados los riesgos para la salud», concluyen recordando que la ciudadanía tiene derecho a conocer la realidad.