Ecologistas denuncian la imposibilidad de acceder a los informes que avalan la caza en zonas afectadas por incendios

Las asociaciones Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC), Ecologistas en Acción (EEA), Corredor Ecológico del Noroeste Ibérico (CENI), Bierzo Aire Limpio (BAL) denuncian que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León está incumpliendo de forma reiterada su obligación legal de facilitar el acceso a la información ambiental, un derecho reconocido tanto en la normativa estatal como en el derecho europeo.

A pesar de haber presentado diversas solicitudes formales (al amparo de la legislación de transparencia y del Convenio de Aarhus), la Administración autonómica ha evitado sistemáticamente entregar los supuestos informes técnicos en los que afirma haber basado una decisión de extraordinaria gravedad: permitir la caza y el pastoreo en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León.

Las asociaciones firmantes cuestionan abiertamente la propia existencia de dichos informes. Hasta la fecha, no se ha hecho público ningún documento que justifique técnica, científica o jurídicamente esta medida excepcional, pese a las reiteradas solicitudes formuladas por las entidades sociales y ambientales.

Según los ecologistas, el núcleo del problema radica en una doble anomalía institucional: por un lado, la Junta afirma disponer de informes que avalarían la adopción de medidas excepcionales y, por otro, niega el acceso a esos mismos informes, impidiendo cualquier forma de escrutinio público, evaluación técnica independiente o debate democrático informado.

Añaden que tras los incendios del pasado verano, la Junta ha adoptado una decisión que supone, en la práctica, dejar sin efecto una prohibición expresa contenida en la normativa forestal, y recuerdan que la legislación vigente (en particular, la normativa de montes aplicable en Castilla y León) establece con claridad la prohibición de la caza y el pastoreo durante un periodo mínimo de cinco años en terrenos forestales incendiados, con el objetivo de garantizar los procesos de regeneración ecológica y evitar impactos adicionales sobre suelos y biodiversidad, así como sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen.

Las plataformas denunciantes afirman que la autorización de estas actividades no solo contradice el principio de legalidad, sino que introduce un precedente extremadamente peligroso desde el punto de vista ambiental y jurídico. «La regeneración post-incendio es un proceso complejo, condicionado por factores edáficos, climáticos y biológicos, que puede verse gravemente comprometido por la presión ganadera y cinegética prematura», señalan.

Las asociaciones firmantes advierten de que «no se puede descartar que nos encontremos ante una decisión arbitraria carente de respaldo técnico real, lo que podría implicar responsabilidades jurídicas adicionales y exigen la publicación inmediata e íntegra de todos los informes que supuestamente justifican las medidas autorizadas, así como la depuración de responsabilidades políticas y administrativas en caso de confirmarse la inexistencia o insuficiencia de dichos informes».