El Consejo Comarcal insta al Gobierno a proteger el sector primario del Bierzo en el acuerdo de Mercosur

La moción presentada por Coalición por El Bierzo se ha aprobado por unanimidad. Con ello se quiere defender los productos agroalimentarios que son fundamentales para el desarrollo de la comarca

El Consejo Comarcal del Bierzo ha votado, por unanimidad, a favor de la moción presentada por Coalición por El Bierzo para que el Gobierno proteja al sector primario en el convenio de Mercosur. Su portavoz, Iván Alonso rechaza el acuerdo por considerar que favorece a la gran industria centroeuropea perjudicando a las marcas de calidad y a los vinos de la comarca.

«Es decir si aquí no se pueden utilizar determinados productos ni pesticidas no se puede consentir que se utilicen en los países miembros de Mercosur. Nosotros comercializamos productos de calidad y precio en un mercado que ya teníamos abierto, al igual que le ocurre a otros productos españoles. Por ello para nosotros puede ser especialmente perjudicial, pedimos que se apueste por el sector primario en la comarca», ha destacado Alonso.

Como ha confirmado el presidente del Consejo, Olegario Ramón, el POSE ha votado a favor de la moción porque el acuerdo, tal y como está planteado, no garantiza la viabilidad del sector en el Bierzo, y ha añadido que debe incluir cláusulas de salvaguarda para los productos que pueden tener problemas en el futuro. A lo que ha añadido que el convenio se debería poder suspender en caso de que se produjeran graves daños en los sectores del Bierzo.

El PP, a través de su portavoz, José Manuel Pereira, ha recordado que los Populares están a favor del convenio pero no de las condiciones en que se plantea. «El acuerdo puede ser muy bueno pero, evidentemente, en igualdad de condiciones para todos los miembros y con cláusulas de salvaguarda que permitan que todos los productos compitan en igualdad de condiciones», ha manifestado.

El pasado 21 de enero el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) quedó paralizado tras votarse a favor su traslado al Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) para que se revise su compatibilidad con los tratados comunitarios.