El TSJ de Castilla y León inicia diligencias de investigación por inacción ante los incendios que arrasaron El Bierzo

Los hechos investigados se refieren a la gestión de los incendios forestales de agosto de 2025, que provocaron la muerte de tres personas y la destrucción de miles de hectáreas

La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha comunicado a la asociación Bierzo Aire Limpio la apertura de diligencias de investigación penal contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la posible comisión de delitos relacionados con la gestión de los incendios forestales que asolaron El Bierzo y otras comarcas leonesas durante el mes de agosto de 2025.

La decisión de la Fiscalía responde a la denuncia presentada en agosto por Bierzo Aire Limpio, en la que se señalaban posibles delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos conexos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica mientras las llamas devastaban extensas zonas de las comarcas del Bierzo, Laciana, La Cabrera, Omaña, Valdería, Maragatería y Valduerna.

Desde BAL recuerdan que los incendios causaron la destrucción de miles de hectáreas de monte, graves daños en espacios protegidos de la Red Natura 2000, emisiones masivas de humos tóxicos y, lamentablemente, la pérdida de tres vidas humanas, además de graves afecciones a la salud de la población expuesta al humo durante días.

Según Bierzo Aire Limpio, existen indicios fundados de que los responsables de la Junta de Castilla y León no adoptaron las medidas preventivas necesarias pese a disponer de los datos técnicos que permitían valorar el riesgo extremo de incendios, en un contexto de temperaturas récord y fuerte sequedad del terreno. “El Gobierno autonómico contaba con toda la información para anticiparse, pero optó por no reforzar el operativo, a pesar de los antecedentes”, señala la asociación.

Los ecologistas añaden que La Junta de Castilla y León solo había ejecutado alrededor del 48% del presupuesto destinado a la prevención de incendios forestales en agosto de 2025, mientras exige a los particulares -a través de ordenanzas municipales y de los bancos de tierras- mantener sus fincas desbrozadas antes del 1 de junio bajo pena de sanción. «Pese a su posición de garante, la baja ejecución presupuestaria confirma que la Junta no realizó ni la mitad de las tareas preventivas en el monte público, ni siquiera antes del inicio de la época de Riesgo Alto, fijada por su propio Plan INFOCAL a partir del 12 de junio. Tampoco redobló su labor en las Zonas de Alto Riesgo, catalogadas por la propia Administración, precisamente aquellas que terminaron siendo pasto de las llamas. Esta omisión en las áreas más críticas demuestra una injusticia manifiesta, al desatender los lugares donde el peligro era más evidente», afirman.

La organización recuerda que, tras catástrofes anteriores acaecidas en la comunidad autónoma y especialmente en el Bierzo, o la Sierra de la Culebra (2022), no se reforzó el operativo de incendios ni se aumentaron los recursos de prevención, vigilancia o personal. “Lejos de aprender de lo ocurrido, la Junta mantuvo un operativo infradotado y descoordinado, lo que constituye -a nuestro juicio- una inacción deliberada que agravó las consecuencias del desastre”, añade Bierzo Aire Limpio.

Para BAL, a esta falta de previsión se suma, según la denuncia, la ausencia de coordinación efectiva con los ayuntamientos y los servicios estatales de emergencias, lo que habría dificultado una respuesta rápida y eficaz en las horas críticas. La ausencia de medios de extinción activos en zonas de riesgo extremo, como se constató nuevamente en el incendio de Sobrado semanas después, refuerza la tesis de una gestión negligente.

Al tratarse de aforados, tanto el presidente de la Junta como el consejero de Medio Ambiente deben responder ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, que será el órgano encargado de valorar las diligencias e impulsar, en su caso, las actuaciones judiciales pertinentes.

Bierzo Aire Limpio destaca que la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía “es un primer paso imprescindible para depurar responsabilidades políticas y penales” y celebra que el Ministerio Público haya atendido la necesidad de investigar los hechos.