Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ha suspendido cautelarmente la caza en la región, la Junta de Castilla y León tiene la intención de llevar a las Cortes con el apoyo de otras fuerzas políticas una Proposición de Ley que se ajuste a la normativa europea del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que especifique qué especies cinegéticas pueden ser cazadas teniendo en cuenta sus niveles poblacionales, distribución geográfica e índices de reproductividad.

Con ello, el gobierno autonómico busca una salida que permita desbloquear la suspensión de esta actividad que tiene una importante repercusión en Castilla y León.

Para paralizar la caza, el TSJCYL ha tenido en cuenta la demanda que puso el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA). La suspensión afecta al Decreto 10/2018 de 26 de abril que modificaba el Decreto 32/2015 de 30 de abril que regula la conservación de especies cinegéticas.

En la sentencia, que no es firme, considera que el informe elaborado por la empresa contratada por la Administración (Consultora de Recursos Naturales, S.L.) para determinar qué especies pueden ser consideradas como cinegéticas, no utiliza datos actualizados y suficientemente contrastados, por lo que incurre aparentemente en el mismo defecto que fue declarado en anteriores sentencias. Los magistrados llegan a esta conclusión a partir de las propias fuentes de información que dicho informe dice que utiliza.