Los vecinos y los ecologistas piden que se paralicen todos los trámites hasta que no haya una sentencia firme del Tribunal Supremo. Recuerdan que la central de biomasa es ilegal y que está en una zona que no está contemplada en el PGOU para uso industrial.

Los vecinos del barrio de Compostilla y Bierzo Aire Limpio han presentado alegaciones al documento de evaluación ambiental de la Red de Calor de Ponferrada presentado en junio de este año a través del Plan Especial de Infraestructuras en el entorno del SUD-11, y con el que Somacyl y el Ayuntamiento buscan reiniciar el proceso para poner en marcha la central de biomasa ya construida y paralizada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El escrito presentado por los demandantes denuncia la nulidad del trámite de información pública, en el que el Ayuntamiento de Ponferrada “ni nos han notificado ni nos han dado traslado de la tramitación del nuevo Plan especial por lo que el trámite es absolutamente inválido”.

El Ayuntamiento —prosigue el escrito vecinal— «pretende legalizar una instalación ya ejecutada, afectada por varias sentencias y vicios de relevancia. Se finge o simula empezar de nuevo y se olvida de manera grosera que la central térmica de biomasa ya está ejecutada en su totalidad; y la licencia de 1ª ocupación no ha sido anulada: carece de sentido que se pretenda tramitar un nuevo Plan urbanístico sin antes restablecer la legalidad y asumir el contenido ilegal de los actos previos del Ayuntamiento, como ha ordenado el TSJCyL, en su reciente sentencia”.

La Asociación de Vecinos de Compostilla y Bierzo Aire Limpio recuerdan al Ayuntamiento el fallo judicial: “Condeno al ayuntamiento de Ponferrada a ordenar y llevar a cabo la paralización de la construcción y cese de la actividad que se estuviera desarrollando”, por lo que a juicio de ambas entidades “la tramitación del Plan debe ser suspendida hasta que haya sentencia firme ante el Tribunal Supremo y se plantee el correspondiente incidente de ejecución conforme al artículo 103 de la LJCA”.

INCINERADORA CONTAMINANTE Y OBSOLETA

Bierzo Aire Limpio y los vecinos de Compostilla entienden que la red de calor “es ilegal e ilegalizable, por lo que exigen la Alternativa 0. No cabe otra opción legal que su demolición por ser contraria al PGOU de Ponferrada que prohíbe expresamente el uso industrial en esa parcela, enclavada en una zona residencial y destinada a equipamiento y servicios comunitarios como el prometido y nunca cumplido Parque de la Juventud, recuerdan desde BAL.

“No se entienden los motivos, ni está justificado en el proyecto, por los que el Ayuntamiento se empeña en esta ilegalidad, existiendo en el término municipal de Ponferrada numerosas localizaciones de uso industrial. Todo ello, además, con un pretendido Estudio de Calidad del Aire erróneo e incompleto que ni siquiera evalúa las emisiones de las calderas, el impacto del transporte pesado (camiones de 90 metros cúbicos), almacenaje de biomasa y cenizas, etc.”, añaden los ecologistas.

“El Ayuntamiento ignora la exigencia legal de las llamadas MTD (Mejoras Técnicas Disponibles, un potente instrumento europeo para mejorar la calidad del aire) y pretende convalidar una central que ya era obsoleta en el momento de su construcción y ahora ha quedado vetusta e inservible. Una incineradora contaminante que causa un grave perjuicio al barrio de Compostilla”, añaden desde BAL.

Bierzo Aire Limpio afirma que la opinión pública debe saber que el proyecto no solo no cuenta con financiación del Banco Europeo de Inversiones, como ha confirmado el propio BEI [Informe del Mecanismo de Reclamaciones del 23 de enero de 2020, ref. SG/E/2018/34]—, sino que el asunto está bajo la lupa de las autoridades europeas pues el proyecto declarado ilegal por los Tribunales, también está siendo investigado por el BEI por posible fraude.

En caso de nueva solicitud de financiación —afirma el Banco Europeo en su respuesta—, el BEI revisaría toda la información pertinente relativa a esa central térmica con el objetivo de determinar su conformidad con los criterios de admisibilidad del Banco, requiriendo asimismo que esa central térmica disponga de todos los permisos correspondientes conforme a la legislación aplicable.

“Dijimos desde el principio que la red de calor se estaba haciendo mal, que se atropellaron los derechos vecinales por la prepotencia de la entonces alcaldesa y del Consejero de Fomento, Suárez-Quiñones; y la Justicia nos da la razón dos veces, en el Juzgado Contencioso de León y en el Tribunal Superior de Castilla y León, sentencias plenamente favorables que hemos recurrido en casación ante el Tribunal Supremo para ampliar sus efectos y consecuencias”, concluyen los demandantes.