Samuel Folgueral a Merayo: “Si tiene un condicionado que diga que hay que despedir a 20 trabajadores, que lo enseñe”

El portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, afirma que no sabe si se pudo pedir “A,B, C o D” pero que si la alcaldesa tiene un condicionado en el que se exprese la intención de FCC de despedir a 20 trabajadores, “Que lo enseñe”, ha enfatizado el Portavoz que quiere dejar claro que ellos no tenían conocimiento de que la empresa tuviera ese objetivo antes de firmar el contrato, tal y como sugirió ayer la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo.

Samuel Folgueral y Cristina López Voces. Foto: Raúl C.

Samuel Folgueral y Cristina López Voces. Foto: Raúl C.

Samuel Folgueral se remite al pliego de condiciones y al contrato firmado para aclarar que en ningún lugar dice que se tenga que despedir a nadie, todo lo contrario, en los mismos se remarca que todos los empleos se tienen que subrogar.

El Portavoz manda dos mensajes, a la alcaldesa le exige que deje de esconderse detrás de ellos, y le recuerda que su obligación es gobernar y resolver los problemas que se le presentan, vengan de “atrás o de delante”. A FCC le recuerda que el mantenimiento del empleo era condición “sine que nom” cuando se sacó a licitación el contrato para el servicio de recogida de basuras y la limpieza y mantenimiento de parques y jardines.

El Portavoz da también contestación a la posible municipalización del servicio en caso de que se tuviera que rescindir el contrato con FCC. Afirma que en su día se hizo un estudio en el que quedó reflejado que con la externalización del servicio se lograba un ahorro de 522.000 euros al año, más de 10 millones en los 20 años de contrato.

Por último, Samuel Folgueral recuerda que todos los males en relación con este tema se arrastran desde el gobierno del PP con Carlos López Riesco como alcalde. El servicio salió a licitación por 50 millones y se adjudicó por 47 millones y 10 años a FCC en el 2002. Los 4,7 millones por año que tenía de coste inicial pasó, por ajustes de convenios, IPC, etc, a 7 millones por año. Un coste que junto con el resto de la gestión el PP llevó al Ayuntamiento a casi la bancarrota y que obligó al equipo de gobierno a entrar en un plan de ajuste de 8 millones de euros para pagar a proveedores.

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