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Victorino Alonso condenado a cuatro años de cárcel por daños al medio ambiente

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La Audiencia de León condena a 4 años de cárcel al empresario minero Victorino Alonso por los daños al medio ambiente causados en la explotación de una mina de carbón a cielo abierto. Deberá pagar 24 millones de euros como responsabilidad civil.

Victorino Alonso. Foto: Raúl C.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León ha condenado al empresario minero Victorino Alonso a cuatro años de cárcel por los daños causados al medio ambiente en una zona protegida con la explotación de una mina de carbón a cielo abierto. El empresario, responsable de un importante grupo minero, y declarado culpable de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, deberá pagar más de 24 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. 

«Todo valía para la promotora con tal de extraer el carbón y obtener rendimientos económicos. El cumplimiento de obligaciones legales ni valía la pena, ni importaba nada», aseveran los magistrados. Según la sentencia, que ya ha sido notificada a las partes, la entidad MSP, después CMC, de la que era administrador único el ahora condenado, «al realizar la actividad minera a cielo abierto Nueva Julia incumpliendo de forma fragante tanto la legislación aplicable como las condiciones impuestas en la Declaración de Impacto Ambiental, produjo un grave riesgo para el medioambiente y los recursos naturales, llegando incluso a causar graves daños en una zona protegida y en hábitats de interés comunitario, no siendo posible la recuperación de los sistemas afectados ni del estado de recuperación de los ecosistemas afectados, ni del estado de conservación de los espacios de fauna protegida en esa zona, habiéndose ocasionado impactos muy significativos y muy importantes sobre el agua, el suelo, la atmósfera, la fauna y la flora, siendo alguno de ellos permanentes y no recuperables». 

La mina explotada, continúan explicando los magistrados, «supone, actualmente, un riesgo moderado alto respecto a la contaminación de aguas por la generación de drenajes ácidos de mina, existiendo un alto riesgo para el medio natural por la emisión atmosférica de partículas contaminantes y un riesgo muy grave por el escenario de rotura o fallo de las escombreras, con afecciones de graves a muy graves sobre la estructura y la funcionalidad de hábitats incluidos en la Directiva 92/43, en especial del urogallo cantábrico y del oso pardo, especies en peligro de extinción.

El Tribunal considera que durante el juicio quedó demostrado que «los graves daños y riesgos para los recursos naturales y el medio ambiente no se habrían podido producir de haberse observado en el desarrollo de la actividad minera a cielo abierto la normativa aprobada en materia de protección medioambiental».

La Sala entiende que para la empresa promotora de la explotación del carbón, «lo real importante, nos atrevemos a decir que lo único importante, era extraer el mineral y que, para ello, no importaba la inexistencia de permiso de la confederación hidrográfica correspondiente ni de ninguna otra administración competente. Tampoco importaban los posibles daños que su pudieran ocasionar en el medio natural al alterar el caudal de los arroyos de la zona, el drenaje natural y generar ruptura sobre los ecosistemas asociados. Todo valía para la promotora con tal de extraer el carbón y obtener rendimientos económicos. El cumplimiento de obligaciones legales ni valía la pena, ni importaba nada».

La Audiencia, que aprecia la atenuante de dilaciones indebidas, ha fijado la pena «teniéndose en cuenta la concurrencia de varias circunstancias agravantes ( clandestinidad de la actividad y obstaculización a la actividad inspectora ); la enorme extensión de la zona de ocupación afectada, más de 400 hectáreas; la duración del tiempo durante el que prolongó la explotación, más de cuatro años; la enorme gravedad de los daños y riesgos causados tanto al medio ambiente como a los recursos naturales, alguno de ellos irreversible; el altísimo coste de reparación de los daños de la zona afectada, más de veinticuatro millones de euros, lo que revela la gravedad de la afectación al medioambiente y a los recursos naturales; y la gravedad de la culpabilidad del acusado en la comisión de los graves hechos enjuiciados, pues sólo dependieron de su voluntad».

La sentencia no es firme y cabe contra ella Recurso de Casación que puede presentarse en la Audiencia dentro del plazo de los cinco días siguientes a la notificación para su interposición ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

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El Consejo Consultivo dictamina a favor de la nulidad del contrato de la planta fotovoltaica de Otero de Toral

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Concentración en Otero de Toral contra el parque fotovoltaico. Foto: Raúl Cañas

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha resuelto que procede declarar la nulidad de pleno derecho del acuerdo de 18 de diciembre de 2020 de la Junta Vecinal de Otero de Toral de los Vados por que se adjudicó el aprovechamiento de bienes comunales a la empresa Coral Renovables S.L. para la instalación de una planta fotovoltaica.

Esta resolución es un importante espaldarazo a las reivindicaciones de los vecinos que, en su día, denunciaron el acuerdo alcanzado por la anterior Junta Vecinal con la empresa pese a la negativa del pueblo, y los obstáculos que se encontraron para tener acceso a los expedientes. Hechos que desembocaron en una moción de censura, votada el 13 de junio de 2021, que fue ganada con el 100% de los votos por la actual Junta Directiva.

Los nuevos vocales de la Junta decidieron en febrero de 2022 suspender el contrato e iniciar un proceso de revisión de oficio del mismo bajo la dirección letrada de los abogados Benito López y Julio Gutiérrez, y la presentación del caso al Consejo Consultivo.

Según los denunciantes, el dictamen del Consejo refrenda lo que los vecinos denunciaron desde un primer momento: la falta de rigor y transparencia en el procedimiento de licitación del contrato. Además afirman haber recibido presiones de todo tipo y el desamparo del propio Ayuntamiento de Toral de los Vados. «No se puede actuar de espaldas a los vecinos, ni negar información pública, ni tampoco omitir trámites esenciales de publicidad de los contratos para beneficiar a una única empresa ni, por supuesto, adjudicar el contrato a una empresa que no cumple las condiciones de los pliegos de contratación», afirman desde la Junta Vecinal.

Desde la pedanía de Otero de Toral piden ahora la máxima sensibilidad a las autoridades de la Junta de Castilla y León con las reivindicaciones de la pedanía y los vecinos afectados por el parque fotovoltaico. Animan a otras poblaciones del Bierzo en la misma situación a no cejar en la lucha contra estos macroproyectos.

Los dictámenes del Consejo Consultivo solo son vinculantes para el órgano consultante en los casos en que así se establezca en las leyes. Aunque los dictámenes del Consejo Consultivo no son, en general, vinculantes, sí son determinantes de la resolución o disposición administrativa que pone fin al procedimiento en el que hayan recaído, ya que sirven para fundamentarlo y exige que el órgano decisor motive las razones por las que eventualmente la disposición o resolución se aparta de lo dictaminado.

Concentración contra el parque fotovoltaico de Otero de Toral

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La Diputación de León distinguirá a los mejores vinos de la provincia con los I Premios Pisado

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Godello de la DO Bierzo

La institución provincial convoca el primer concurso provincial de vinos con denominación de origen con tres categorías: mejor vino blanco, mejor vino rosado y mejor vino tinto

La Diputación de León convoca el primer concurso provincial de vinos con denominación de origen bajo la denominación Premios Pisado y anima a todas las bodegas pertenecientes a alguna de las dos DO de la provincia a participar.

Un jurado integrado por un vocal designado por el Consejo Regulador de la DO Bierzo, otro de la DO León y tres nombrados por la institución provincial entre sumilleres profesionales seleccionarán el mejor Vino Blanco, el mejor Vino Rosado y el mejor Vino Tinto de la provincia tras las sesiones de cata previstas los días 27, 28 y 29 de septiembre en la ciudad de León. Los premios correspondientes a estas tres categorías se entregarán en la XXVIII Feria de Productos de León y consistirán en un diploma acreditativo que las bodegas premiadas podrán publicitar y reproducir.

Cada participante podrá concurrir con una única muestra a la categoría que elija. La ficha de inscripción tiene que presentarse en la Sede Electrónica de la Diputación de León antes de las 14 horas del 2 de septiembre y el documento al efecto está ya a disposición de los interesados en los dos consejos reguladores o en la propia administración provincial. La admisión de muestras se realizará del 19 al 23 de septiembre.

Con esta iniciativa, la institución provincial quiere poner en valor el sector vinícola de la provincia, estimular la producción de vinos de alta calidad, dar a conocer los caldos de las DO leonesas y reconocer el esfuerzo del trabajo bien hecho.

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Productos de León, Matías Llorente, ha recalcado que, dentro del sector agroalimentario de la provincia, el subsector vinícola ha ejercicio tradicionalmente de tractor y motivación. Además, “es el que mayor número de empresas ampara, el que más exportaciones registra y el que llega a más mercados nacionales e internacionales”.

Llorente ha recordado que hace tres décadas, en 1992, la Diputación de León ponía en marcha la marca Productos de León con el objetivo de apoyar al sector agroalimentario de la provincia. “A lo largo de este periodo, se ha conseguido unir esfuerzos para conseguir logros que, de forma individual, habrían sido impensables”, ha afirmado el vicepresidente.

En la actualidad, más de 500 empresas participan activamente en las diferentes actuaciones realizadas por la Diputación de León bajo el paraguas de este marchamo de calidad y diferenciación.

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La Diputación destina 70.000 euros a potenciar las Reservas de la Biosfera

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La institución provincial colabora con los gastos de las entidades gestoras de estos territorios con el ánimo de contribuir a la recuperación demográfica y socioeconómica derivada de su actividad

Oficina de Turismo de Vega de Espinareda. Foto: Raúl Cañas

La Diputación de León, a través del área de Transición Ecológica que dirige el vicepresidente y diputado Alider Presa, ha convocado las subvenciones destinadas a los órganos responsables de la gestión de las Reservas de la Biosfera con un presupuesto de 70.000 euros.

Las bases reguladoras de estas ayudas, que han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este martes, establecen que la finalidad que la institución provincial persigue con estas subvenciones es contribuir a la recuperación demográfica y socioeconómica en las Reservas de la Biosfera, teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica que marcan las políticas de desarrollo sostenible a nivel mundial, europeo y nacional en el ámbito de sus órganos responsables de su gestión dentro de la provincia leonesa.

La ayuda económica se concederá de forma proporcional al número de solicitantes, con un importe máximo de 11.500 euros por Reserva de la Biosfera. Con este apoyo, la Diputación de León colabora con estas entidades para sufragar los gastos corrientes de su funcionamiento, además de la contratación de personal que lleve a cabo las labores de gestión y defensa de sus intereses durante este año.

La provincia leonesa cuenta con la mayor concentración de Reservas de la Biosfera a nivel mundial: siete, que suponen casi una quinta parte del territorio provincial y en las que viven alrededor de 30.000 habitantes. Este enorme patrimonio natural que conjuga diversidad biológica, desarrollo humano y sostenibilidad constituye un importante recurso de desarrollo.

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