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Sociedad

El 70% de las alegaciones a la memora de Servicios de Extinción de incendios se refieren a cambios de ubicación

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La Comisión de Fomento analizó hoy las 25 alegaciones presentadas a la memoria del Servicio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento que pondrá en marcha la Diputación de León, 12 de las cuales fueron planteadas por ayuntamientos de la provincia, la mayoría de las cuales, tal y como indicó el diputado de Fomento, Ángel Calvo, fueron desestimadas con los votos del PP, las abstenciones de UPL y Coalición por el Bierzo y el voto en contra de PSOE y En Común.

“No existe ya un debate sobre si serán o no profesionales porque eso ha quedado acreditado. La cuestión de las tasas de reposición, se han presentado varias sentencias de Tribunales Superiores de Justicia de varias comunidades que lo impiden”, remarcó el diputado de Fomento, quien incidió, a su vez, “que los Presupuestos Generales del Estado no permiten, a su vez, contratar más funcionarios”.

Por ello, serán 9 funcionarios, 6 al frente de los diferentes parques y 3 más como Jefe de Servicio, jefe de Sección y jefe Administrativo los que estarán al frente del Servicio y en los que recaerá el principio de autoridad. A mayores, y a través de una empresa, “que gestionará los seis parques”, se incorporarán 75 bomberos profesionales.

El diputado de Fomento también incidió en que se había desestimado las alegaciones que apuntaban a cambios de ubicación. “La discrepancia entre si es mejor ubicación Celada y Riego de la Vega, localidades separadas por 6,7 kilómetros, o Pola de Gordón y La Robla, que se encuentra a 20 minutos de León, está carente de seriedad. No tiene sentido que el 70% de las alegaciones sean discrepancias de 7 minutos en un vehículo anti-incendios”, enfatizó.

Por ello, los parques de referencia se mantendrán en Vidanes (Cistierna), Villablino y Celada de la Vega, mientras que los de primer nivel se ubicarán en Bembibre, Valencia de Don Juan y Pola de Gordón. En estas ubicaciones, avanzó Ángel Calvo, “ya tenemos cedidas las parcelas”.

El resto de las alegaciones tuvieron un “menor calado”. Se estimó, parcialmente, la propuesta de Izquierda Abierta para sustituir en el reglamento el concepto de Policía Local por el de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Una vez dictaminadas las alegaciones en la Comisión de Fomento, se procederá a trasladar el dictamen al Pleno ordinario del mes de octubre para que se apruebe definitivamente la memoria del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León.

“Una vez aprobado, ya podemos iniciar los procedimientos administrativos para licitar los proyectos y posteriormente las obras de los parques, la adquisición de vehículos y demás infraestructuras necesaria”, enfatizó el diputado de Fomento quien dejó claro que los 8 millones de euros previstos de inversión para la puesta en marcha “procederán, en un 90%, del convenio con Unespa”.

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Camponaraya celebra un encuentro intergeneracional con mayores y alumnos del colegio San Ildefonso

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Encuentro intergeneracional en Camponaraya

El ayuntamiento de Camponaraya celebró en el día de ayer un encuentro intergeneracional en colegio “San Ildefonso”. Un grupo de mayores del municipio acudió al centro para comentar fotos antiguas a los alumnos, enseñarles y explicarles objetos del pasado y escuchar canciones tanto del pasado como de la actualidad y así poder intercambiar impresiones.

El ayuntamiento contó con la colaboración del C.E.A.S y el A.M.P.A. y el propio colegio para la organización de la actividad.

El acercamiento fue muy productivo, tanto para el grupo de mayores como para el alumnado, creándose una conexión fluida y satisfactoria entre ellos y ellas, con lo cual será una actividad que tendrá continuidad en el tiempo, confirmaron desde el Ayuntamiento.

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El PSOE pone dos condiciones para «no retirar la confianza» al equipo de gobierno de Ponferrada

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El PSOE pide la creación de una comisión de seguimiento del acuerdo de Presupuestos firmado por Marco Morala y el compromiso de que el caso de la deuda del cementerio de Fuentesnuevas esté resuelto en septiembre
Rueda de prensa del Grupo Municipal Socialista de Ponferrada. Foto: Raúl Cañas

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, ha manifestado hoy que el grupo municipal no va a responder a la «provocación» de ayer del alcalde, Marco Morala, sobre la decisión de no hacer frente a la deuda de 120.000 euros asociada a los terrenos del cementerio de Fuentesnuevas, y que formaba parte del acuerdo alcanzado con el PSOE, firmado por el propio Morala, para que los socialistas se abstuvieran en la aprobación de los Presupuestos de 2024.

Es más, Ramón ha confirmado que en la reunión que han mantenido con el concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, esta misma mañana, los socialistas han puesto sobre la mesa dos condiciones para no retirar el apoyo al equipo de gobierno. Que se dé un impulso al procedimiento para que antes del 14 de junio se pueda tener un expediente abierto sobre el tema, que no más allá de septiembre de este mismo año este resuelta la deuda, y que se cree una comisión de seguimiento sobre los pactos acordados entre ambos grupos. Según Ramón, de no darse estas condiciones el PSOE «analizará otras posibilidades que no pasan por una moción de censura».

Para el PSOE, el giro en la decisión del Alcalde, 27 después del acuerdo firmado, es «surrealista» y que llama la atención que el Alcalde recibiera con tanta celeridad a una asociación recién creada, la de Fuentesnuevas, siendo que Morala no recibe a otros colectivos como la las asociaciones El Nogalón o Compostilla que llevan meses solicitando un encuentro con el Alcalde.

Ramón ha recordado el por qué se adoptó la decisión de que fuera el Ayuntamiento asumiera la deuda contraída por la Junta Vecinal con la compra de dos parcelas para realizar la ampliación del cementerio de Fuentesnuevas.

En el año 2016 la Junta Vecinal, a través de un contrato privado, cuando la presidenta era la actual concejala de Participación Ciudadana Mari Crespo, firmó con los propietarios la adquisición de dos fincas por un total de 96.000 euros siendo que los ingresos de la Junta Vecinal son de 1.100 euros al año.

Según ha explicado Ramón en el expediente no hubo valoración, ni informes técnicos que avalaran la operación. Al asumir José Antonio Cartón la Junta Vecinal se «vio con el agua al cuello» de no poder hacer frente a ese pago por lo que pidió asesoramiento a un equipo de abogados que le recomendaron ir a la vía civil, ha señalado Ramón. «Nosotros respetamos el trabajo de los letrados y, además, hay una sentencia contra la Junta Vecinal porque la misma dice que debería haber ido a otros procedimientos como anular de oficio el acuerdo de compra o incluso a ver sondeado la vía penal», ha señalado el Portavoz, quien ha recordado la buena voluntad de Cartón al optar por la vía civil, por el reparo de llevar a la Junta Vecinal por la penal y siguiendo el criterio jurídico. Como consecuencia, el Tribunal les dijo que el acuerdo con los propietarios se tenía que cumplir.

Ramón ha añadido que la Junta Vecinal no tenía, ni tiene, medios para hacer frente al pago por lo que en el anterior mandato se buscó una solución, tras conocerse la sentencia firme, que se basó en que fuera el Ayuntamiento el que pagara la cantidad adeudada dado que es el Consistorio el que tiene la competencia sobre el cementerio municipal. Según el Portavoz se trataba de una fórmula consensuada con una consignación presupuestaria que el actual equipo de gobierno decidió destinar a otros fines. Tras el acuerdo de Presupuestos con el PSOE se volvió a asignar al cementerio.

Según Ramón esa es la realidad, «todo lo demás es enredar» ha concluido.

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Ponferrada analiza una solución a la ZBE para evitar la normativa europea que es más restrictiva

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El equipo de gobierno avisa de que a partir del 31 de diciembre entraría en vigor la normativa europea para las zonas de bajas emisiones, más restrictiva que la propuesta en la ordenanza
Lidia Coca y David Pacios. Foto: Raúl Cañas

La concejala de Fondos Europeos, Lidia Coca, y el concejal de Comercio, David Pacios, han puesto sobre la mesa los próximo pasos que dará el equipo de gobierno tras tumbar el PSOE y VOX su propuesta para la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Coca le ha recordado a VOX que «ellos no han tumbado nada» porque la ZEB sigue vigente y activa, la diferencia estriba en que al no aprobarse la ordenanza se tendrán que devolver los 2,4 millones de euros recibidos de fondos europeos para acometer las obras e instalar los sistemas informativos y de vigilancia. Además, ha señalado que de no tener una solución y una normativa que regule la ZBE, antes del 31 de diciembre, entraría en vigor la normativa europea para estas zonas, que es más restrictiva que la planteada en la ordenanza.

Por todo ello, Coca ha explicado que el equipo de gobierno «está analizando las consecuencias para que no sean los ponferradinos los que se vean afectados por esta problemática». La concejala ha lamentado que el PSOE no llevara a la correspondiente comisión informativa las últimas alegaciones que presentó el mismo día de la celebración del pleno y que no permitió al Gobierno tener tiempo para estudiarlas y discutirlas.

Por su parte, David Pacios ha sido muy crítico con el PSOE y le ha reprochado que en el 2021 planteara la creación de una ZBE en Ponferrada sin un estudio técnico sobre los niveles de contaminación en el propio centro de la ciudad y de otro sobre el impacto que tendría la iniciativa en el entorno comercial, definiendo esa decisión como «caciquil y rastrera». Es más, ha añadido que los datos que les ha aportado el sensor instalado en la Plaza Julio Lazúrtegui han demostrado los bajos niveles de contaminación que hay en esa zona, y que en ningún momento se han sobrepasado los índices recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), referidos a partículas y gases tóxicos que pueden afectar a la salud de las personas. El concejal ha acusado al PSOE de haber implantado la Zona con fines electoralistas para captar 2,4 millones de euros de fondos sin tener en cuenta las consecuencias del proyecto.

Pacios ha añadido que de las 150 ciudades españolas que superan los 50.000 habitantes y que, por tanto deberían ubicar una ZBE, solo 14 de ellas lo han hecho. Entre ellas, las principales capitales de provincia como Madrid, Barcelona, Córdoba, o Sevilla.

Por último, Lidia Coca ha pedido a la oposición que tenga «altura de miras», lamentando que VOX se haya instalado en el «no es no» de forma permanente.

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