Arias niega un trato discriminatorio de la Diputación hacia el Consejo

El responsable del área de Cooperación y SAM de la Diputación Provincial, Alfonso Arias, califica la polémica generada por el retraso del pago de los anticipos de las obras de la juntas vecinales como una maniobra del Consejo Comarcal para desacreditar a la Diputación, y niega que exista un trato discriminatorio hacia el Consejo.

Alfonso Arias. Foto: Raúl C.

Alfonso Arias ha querido dejar claro hoy, a través de una rueda de prensa, que la Diputación no es responsable y que las acusaciones son infundadas, son «una deslealtad institucional» porque según el responsable el presidente del Consejo ha estado informado de todos los pasos que se debían dar y de las modificaciones introducidas en la tramitación para el 2016. Recuerda que las bases de la Diputación, aprobadas el 25 de mayo de 2016, no incluían la exigencia puesta por el Consejo a la juntas vecinales de presentar un aval para recibir el anticipo de los 6.000 euros y la necesidad de presentar una memoria valorada para la compra de un suministro.

Arias añade que a pesar de que las bases quedaron aprobadas desde el 25 de mayo, el Consejo aprobó su primer reparto de 150 obras el 7 de septiembre, 100 días después. Fecha a partir de la cual el Consejo empezó a acumular retrasos, según el responsable de Diputación.

Desmiente por otro lado, que el Consejo no tuviera constancia hasta el 18 de octubre de la necesidad de presentar la certificaciones de adjudicación de las obras para recibir el anticipo ya que el 22 de septiembre se reunió con Gerardo Álvarez Courel, el secretario, y el interventor del Consejo.

Según Alfonso Arias, hasta el 14 de diciembre el Consejo no envió el segundo grupo de 144 obras y las últimas se remitieron ya a mediados de enero de 2017, «El Consejo ha tardado 8 meses en completar el envío total de las obras del Bierzo a la Diputación», ha comentado.

Por último, Arias ha lamentado la situación porque la relación institucional ha sido siempre buena y porque al final y al cabo son las juntas vecinales las que salen perjudicadas y «espera que lo ocurrido sirva para tomar nota».

Hasta que no se apruebe la liquidación de los presupuestos de 2016, la Diputación de León no podrá liberar los fondos. Arias calcula que será entre el 15 y el 20 de marzo.