La decisión del Tribunal Supremo hace firmes las dos sentencias que condenan a SOMACYL y al Ayuntamiento de Ponferrada

La ong ecologista Bierzo Aire Limpio se ha dirigido hoy al Ayuntamiento de Ponferrada y al Comisionado de Transparencia de Castilla y León para recabar la información completa de dos expedientes actualmente en trámite, relativos a la red de calor de Compostilla. En sus escritos, Aire Limpio denuncia “la ocultación del expediente y la invalidez del trámite de información pública, por lo que solicita el amparo del Procurador del Común”.

Según la plataforma ecologista, a raíz de la reciente providencia del Tribunal Supremo se ha mentido y manipulado a la opinión pública simulando que el Supremo ha dado carpetazo a la red de calor, cuando la verdad es que la providencia del Supremo convierte en firmes las dos sentencias anteriores, ganadas por BAL y en las que el Ayuntamiento de Ponferrada y SOMACYL son condenados; y cuyo fallo se recuerda: “Anulo y dejó sin efecto, por no ser ajustadas al ordenamiento jurídico, y, en consecuencia, condenó al ayuntamiento de Ponferrada a ordenar y llevar a cabo la paralización de la construcción y cese de la actividad que, en su caso, se estuviera desarrollando, con imposición de costas a los codemandados”.

Desde BAL se denuncia que lo que se pretende ocultar ante la opinión pública ponferradina es que la Red de Calor de Ponferrada ha sido declarada ilegal por dos sentencias judiciales firmes. Para ello —afirma Bierzo Aire Limpio— se manosea la providencia del Tribunal Supremo en la que se inadmite nuestro recurso de casación 4304/2021. «La apresurada nota de prensa de la Consejería de Fomento de Castilla y León demuestra el nerviosismo de su titular, el consejero Suárez-Quiñones, quien no ha dudado en recurrir a la mentira, como es habitual en él”, afirman los ecologistas.

La providencia del TS, de 20/12/21 —explica BAL en sus escritos al Ayuntamiento y al Procurador del Común—, inadmite a trámite el recurso de casación por ausencia de motivo casacional estatal, por ser el fondo de la cuestión de derecho autonómico. Es decir, el Tribunal Supremo ratifica la sentencia 394/21 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que a su vez confirmó la sentencia 71/2020 del Juzgado Contencioso/Administrativo nº 1 de León.

Son dos sentencias firmes en las que SOMACYL y el Ayuntamiento de Ponferrada han visto desestimadas sus pretensiones ilegales, han sido condenados en costas y ha quedado declarada la ilegalidad de la Red de Calor de Ponferrada que en estos momentos carece de licencia y está paralizada por orden judicial. «Esta es la realidad que el Tribunal Supremo confirma y que su manipulación informativa no podrá ocultar”, añaden desde Bierzo Aire Limpio.

IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SOLICITUD DE INFORMES

En su escrito, la ong solicita al Ayuntamiento de Ponferrada y al Procurador del Común acceso a los expedientes y copia íntegra de los mismos y, en particular, copia del Informe técnico mencionado en el acuerdo de la Junta de Gobierno de 26 de noviembre, con identificación del autor o autores del mismo; y otros informes técnicos, jurídicos y del Secretario municipal que consten en los expedientes.

Además, BAL solicita la identificación de la autoridad y funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramitan ambos procedimientos, de conformidad con el derecho ciudadano previsto en el art.º. 53 de la Ley 30/2015 del Procedimiento Administrativo Común, a saber, a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas.

El grupo ecologista también pide que el Ayuntamiento de Ponferrada informe de las acciones llevadas a cabo para cumplir la sentencia judicial 71/2020 en orden a paralizar la construcción y el cese de la actividad de la red de calor; si se ha dictado algún acto concreto; si ha sido precintada la obra por los servicios de Urbanismo o la Policía Local; y si se hace algún tipo de vigilancia o seguimiento del cumplimiento de la orden judicial”.

En conclusión —afirma Bierzo Aire Limpio—, «la red de calor que se pretende es una cacicada impuesta a nuestra ciudad por el consejero Suárez-Quiñones; ya ha sido declarada ilegal dos veces; su oscura financiación ha sido rechazada por el Banco Europeo de Inversiones; es extemporánea (producir energía para edificios sin adaptación térmica es un despilfarro y un disparate); es tecnológicamente obsoleta; es una afrenta a los vecinos y vecinas del barrio de Compostilla, a los que el Ayuntamiento adeuda el Parque de la Juventud; y además es ilegalizable por estar en una zona urbana protegida, incompatible con una incineradora de biomasa”.