El Presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, el Consejero de Presidencia de la Junta y la Delegada Territorial se han reunido esta mañana para hablar de la financiación del Consejo Comarcal y de sus necesidades más urgentes

En la reunión que han mantenido esta mañana el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, el Consejero de Presidencia de la Junta, Jesús Julio Carnero, y la delegada Territorial, Esther Muñoz, Carnero ha manifestado el compromiso del Gobierno Autonómico de dotar al Consejo de una nueva sede en esta legislatura. Como primer paso, se financiará la redacción del proyecto. Se baraja la posibilidad de rehabilitar alguna edificación ya existente.

Como ya adelantó hace unos días, Courel ha trasladado a Carnero la necesidad de actualizar los convenios económicos que afectan a los servicios que presenta la institución berciana, como el SAM, ya que llevan más de una década con la misma financiación. El Consejero de Presidencia revisará los informes de costes de este servicio que, según el Consejo tiene una coste real de 400.000 euros, y que cuenta únicamente con los 200.000 € que aporta la Junta y los 65.000 € de la Diputación de León. Carnero añadió que los próximos Presupuestos de 2023 permitirán actualizar además las cantidades pendientes del ejercicio anterior.

Por último, el Consejero ha recordado que el nuevo convenio acordado con la institución se ha incrementado en un 17,2% respecto al que se mantenía de 2020 hacia años anteriores. En total asciende a 2.045.000 euros para gastos corrientes, es decir, casi 300.000 euros más.

El Boletín Oficial de Castilla y León ha iniciado hoy la publicación de las resoluciones de las nueve delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León por las que se revocan las sanciones impuestas por incumplimientos de la libertad de circulación en horario nocturno durante el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno de España, que posteriormente fue declarado inconstitucional

Dichas sanciones fueron impuestas, según lo dispuesto por el Gobierno en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, que declaraba el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y que finalmente fue declarado parcialmente inconstitucional por Sentencia del Tribunal Constitucional nº 183/2021, de 27 de octubre de 2021.

Cada una de las resoluciones provinciales que se publica contiene el listado de expedientes sancionadores respecto de los que procede la devolución del importe de la multa que se ingresó en la hacienda de la Comunidad para hacer frente al pago de la sanción impuesta, tanto si el ingreso se hizo en periodo voluntario como si se consignó tras la correspondiente resolución sancionadora.

Asimismo, las delegaciones territoriales de la Junta ordenan el archivo de los expedientes sancionadores afectados por la Sentencia del Tribunal Constitucional y la propuesta de estimación de los recursos administrativos pendientes de resolución que se interpusieron contra resoluciones sancionadoras.

En total han sido 3.641 los expedientes sancionadores cuya multa hay que devolver, lo que supone un total de 197.252 euros, que por provincias arroja los siguientes datos:  Ávila, 244 expedientes, 14.830 euros; Burgos, 602 expedientes, 37.974 euros; León, 1.235, expedientes, 34.050 euros; Palencia, 236 expedientes, 15.108 euros; Salamanca, 371 expedientes, 22.740 euros; Segovia, 233 expedientes, 13.220 euros; Soria, 249 expedientes, 15.900 euros; Valladolid, 228 expedientes, 28.440 euros; y Zamora, 243 expedientes, 14.990 euros.

Cómo comunicar a la Administración los datos que son necesarios para hacer la devolución

Las instrucciones y el formulario que tienen que remitir a la Agencia de Protección Civil quienes fueron multados por incumplir el toque de queda durante el segundo estado de alarma, declarado inconstitucional, para que les sea devuelto el importe de la sanción que se les impuso está disponible en la web Tramita CyL .

Los afectados que hubieran realizado el ingreso de la multa deben cumplimentar dicho formulario, comunicando el número de cuenta bancaria donde debe practicarse el reintegro.

Será necesario que los afectados, cuyo NIF/NIE/pasaporte se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León anonimizado, acrediten la titularidad de la cuenta bancaria que indican por cualquier medio. De igual modo debe acreditarse la representación en caso de que el interesado actúe por medio de representante. En el formulario se debe señalar el número de expediente sancionador que corresponda, según el listado publicado en el BOCYL.

En caso de tener derecho a la devolución de la sanción, la Administración hará el ingreso en la cuenta bancaria señalada, al que se sumará el importe de los intereses legales devengados, sin que el interesado deba estar pendiente de recibir una notificación administrativa. En caso de no tener derecho a la devolución, sí se recibirá la resolución administrativa que fundamente el no reintegro.

Asegura en su toma de posesión como presidente de la Junta que será siempre fiel con el Gobierno y exigente en la defensa de los intereses de la Comunidad

Alfonso Fernández Mañueco se ha mostrado hoy, en su toma de posesión como presidente de la Junta de Castilla y León, convencido de que el futuro de la Comunidad va a ser brillante gracias a la innovación, solidaridad, gestión y trabajo y esfuerzo de todos, pese a las dificultades y retos por delante. Un futuro atractivo para los proyectos de vida profesionales y personales, ha dicho, seguro de que con el trabajo y colaboración conjunta se podrá lograr y “hacer más grande a Castilla y León”.

Tras ser investido por mayoría absoluta el pasado 11 de abril por el Pleno de las Cortes como presidente, Fernández Mañueco ha ofrecido al frente de su nuevo Gobierno moderación, diálogo, tolerancia, integración y espíritu abierto y constructivo que permita el enriquecimiento con la diversidad de opiniones y el debate público

Consciente de la responsabilidad que asume como jefe del Ejecutivo autonómico, ha subrayado su firme voluntad de ser el presiente de todos, sin distinción de opiniones o ideologías, y ejercer la responsabilidad desde el respeto y leal acatamiento de la Corona, así como de la Constitución Española, garantía suprema de los derechos y libertades, y compromiso con el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.