Ciudadanos pide explicaciones a la Junta sobre las viviendas de protección pública de Fabero

Viviendas de protección pública en Fabero. Foto: Raúl C.

El procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, Manuel Mitadiel, ha registrado una pregunta ante la Mesa de las Cortes para pedir información sobre la situación de las 22 viviendas de protección pública de régimen concertado en el municipio de Fabero, que califica de “proyecto mal pensado y peor ejecutado”. Mitadiel ha recordado que el solar de estas viviendas fue cedido gratuitamente a la Junta de Castilla y León en 2010 por parte del Ayuntamiento de Fabero y que en 2011 el Consistorio concedió licencia de obra. A mediados de 2012 se notificó a 22 personas como seleccionadas para optar a una de estas viviendas y a otras 39 como parte de la lista de reserva. “Con ninguna de estas 61 personas, entre titulares y reservas, se firmó ningún contrato de compra-venta”, ha asegurado el procurador leonés.

Viviendas de protección pública en Fabero. Foto: Raúl C.

En enero de 2013 la constructora presentó concurso de acreedores y el edificio no llegó a finalizarse. Después de varios anuncios de plazos de reinicio de obra por parte de la Junta que no llegaron a cumplirse, en junio de 2016 el consejero de Fomento anunció una rebaja del 22% en el precio de las viviendas, mientras que las que no se vendiesen pasarían a ser de alquiler social con derecho a compra y volvió a fijar en julio de 2016 la finalización del proyecto. En diciembre de 2016 Fabero concedió la licencia de primera ocupación.

Resultado de todo este proceso es que “no se ha vendido prácticamente ninguna vivienda y solamente alguna de ellas se ha alquilado, las de mejores condiciones, ya que la calidad de la edificación es baja, la distribución es mala y, a pesar del alquiler social (110 euros al mes), hay que añadir los gastos de la comunidad y el IBI, además de la necesidad de equipar la cocina y acondicionar los armarios”, ha explicado Mitadiel.

Por todo ello, el procurador Ciudadanos ha preguntado a la Junta con qué datos de demanda decidió impulsar este proyecto, qué tipo de trabajos de carácter estructural se realizaron en agosto de 2017 por parte de la empresa Conedavi dado que el edificio disponía ya de certificado final de dirección de obra desde octubre de 2016 y de licencia de primera ocupación. Además, ha reclamado información sobre los gastos ocasionados a Somacyl por dicha promoción desde la finalización de obra en el año 2016.