Los abogados castellano-leoneses llaman a la ciudadanía y resto de operadores jurídicos a acompañarles en las concentraciones de protesta convocadas por la Abogacía Española y la Plataforma Justicia para Todos, al cumplirse un año de la Ley de Tasas, que tendrán lugar frente a los juzgados y sedes judiciales de las nueve provincias el miércoles, 20 de noviembre, a las 12. En Ponferrada se realizará en la Avda. Las Huertas del Sacramento nº14 (Juzgados de Ponferrada).
Bajo el lema «Un año contra las tasas», los abogados exigirán de nuevo la retirada de la Ley, tal y como ha hecho recientemente el Gobierno francés, y leerán un manifiesto en el que se afirma que, transcurrido un año desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, «se han confirmado los peores augurios sobre su aplicación», puesto que la Ley no sólo ha privado a miles de ciudadanos de su fundamental derecho a la tutela judicial efectiva, sino que además, los jueces «han sido privados del conocimiento de cientos de miles de injusticias y quejas».
Por otro lado, afirman, no se ha penalizado el mal uso y abuso de la Justicia, puesto que las empresas y los ciudadanos «de holgada situación económica» han seguido pleiteando, de forma que «no han experimentado ninguna privación de ejecución del derecho».
Pero además, aseguran, no se ha dado solución a los problemas en la concesión a la justicia gratuita, se ha favorecido el abuso e impunidad de las Administraciones Públicas, exentas del pago de las tasas, al mismo tiempo que la reducción del número de asuntos es evidente -en el caso de algunas provincias de Castilla y León, el porcentaje ha alcanzado el 50%-.
El manifiesto pone en duda el destino que se ha dado al dinero recaudado con las tasas, -103 millones de euros, muy lejos de los 306 previstos este año- que «ni siquiera figura en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia», y que, en cualquier caso, no ha servido para mejorar la asistencia jurídica gratuita.
Junto a ello, se denuncia la pésima gestión material de las tasas judiciales caracterizada por la descoordinación entre el Ministerio de Justicia y el de Hacienda, un objetivo «puramente recaudatorio y disuasorio», y se recuerda la «unánime contestación social», que ha llevado a la presentación de 5 recursos de inconstitucionalidad.
La agilización de la administración de Justicia, en su opinión, no puede fundamentarse en el establecimiento de barreras económicas sino en transformación de la actual estructura «obsoleta e ineficaz».
