Ciudadanos ha presentado sendas mociones en el Ayuntamiento de Ponferrada y en el Consejo Comarcal del Bierzo para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas y garantizar el derecho a la propiedad privada suscrito en el artículo 33 de la Constitución española.

En el texto, la formación naranja alerta de un incremento de este tipo de delitos y analiza desde una perspectiva jurídica, política y social la situación de muchos propietarios ante las acciones de los ‘okupas’.

El partido liberal, además, diferencia la situación de las personas que, en un supuesto de desahucio en situaciones de necesidad y vulnerabilidad o motivados por ejecuciones hipotecarias, que “merecen toda nuestra protección”; y los grupos delictivos organizados y antisistema que aprovechan las debilidades del sistema.

Desde Cs señalan que esta actividad delictiva exige el reproche generalizado de los poderes públicos y pone el acento en los dueños y los vecinos de las casas ocupadas, ya que no pueden ejercer el derecho a disfrutar de su propiedad y sufren el deterioro de la convivencia, respectivamente.

Por todo ello, y ante la incapacidad del ordenamiento jurídico de asegurar la tenencia y uso de sus propiedades, la moción propone tres acuerdos. El primero, elaborar un Plan Municipal o Comarcal contra la Ocupación Ilegal de Viviendas en colaboración con la Junta, para garantizar la devolución de los inmuebles, la vigilancia de los inmuebles susceptibles de ser invadidos y que los vecinos ocupados cuenten con asesoramiento y orientación jurídica.

El segundo, pide potenciar la coordinación y la cooperación institucional entre Policía Municipal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia para asegurar la pronta actuación en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadanas.

En el tercer acuerdo instan al Gobierno central y a las Cortes Generales a promover las reformas legales para, entre otras, agilizar los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente; habilitar a las juntas de propietarios para instar a desalojos que afecten a la convivencia; reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad, facultándonos para subrogarse en las acciones de desalojo de propietarios si afectan a la buena vecindad, y endurecer las sanciones penales de los delitos sobre ocupaciones ilegales que se lleven a cabo con violencia, atenten contra el inmueble y su contenido o que estén auspiciadas por grupos criminales organizados, ya sea para la explotación de la vivienda o para otros ilícitos como la explotación sexual o el tráfico de estupefacientes.