Ahora si, después de años y varios equipos de gobierno anunciando su intención de disolver la sociedad publico-privada de Pongesur, creada para aprovechar la propiedad del suelo para cubrir desequilibrios sociales, el actual equipo de gobierno ha tomado una decisión definitiva.
Según el Alcalde, Olegario Ramón, Pongesur ejecutó acciones discutibles que generaron muchos de los males que sufre ahora la ciudad y que acumularon seis sentencias porque no se cumplían los principios de publicidad y libre concurrencia.
Al
Ayuntamiento asumirá todas las atribuciones en materia de urbanismo
y creará un organismo sin identidad jurídica para gestionar el
suelo y la vivienda pública con
los terrenos
de
la Rosaleda, Compostilla y su entorno, que tienen un valor de 40
millones de euros.
La intención es abordar nuevas formas de vivienda colaborativa que permitan abaratar y regular el precio tanto de compra como de alquiler y facilitar el acceso a jóvenes y mayores. Lo ha confirmado el concejal de Urbanismo, Pedro Fernández. Un derecho que permitiría al Ayuntamiento no perder la propiedad del suelo.
Según la concejal de Hacienda, Mabel Fernández, el cierre de Pongesur tendrá un coste cero.
El Alcalde afirma no saber el motivo por el que no se tomó antes la decisión, durante años se dijo que su disolución tendría un alto coste para el consistorio. La operación, que deberá ser primero ratificada por la asamblea y llevada a pleno para su aprobación en enero, llevará varios meses de tramitación.
