La Comisión Informativa califica como catastrófica la gestión del Mundial, “la Fundación actúo de forma privada y se nutrió de fondos públicos”

Comisión Informativa especial para el estudio e investigación de la gestión del Mundial de Ciclismo de 2014. Foto: Raúl C.

La primera conclusión de la Comisión Informativa Especial para el estudio e investigación de la gestión del Mundial de Ciclismo de 2014 apunta a un balance “catastrófico” para el Ayuntamiento, principalmente porque la Fundación actúo como un ente privado nutriéndose mayoritariamente de fondos públicos, ha señalado la ponente de la Comisión para temas de la Fundación de Deportes y contratos, Amparo Vidal.

Tan sólo hay que fijarse en las cifras económicas para llegar a esta conclusión, añade la Ponente, el presupuesto era de 13,6 millones y sólo se obtuvieron patrocinios para cubrir 2,8 millones, el resto, 10,8 millones los tuvo que poner el Ayuntamiento. Los gastos previstos eran de 10,4 millones, cifra que al final se sobrepasó en 500.000 euros.

Al actuar la Fundación de Deportes como entidad privada muchos de los contratos se hicieron sin publicitarse y concurso, “los principios básicos para optar a fondos públicos”.

El ponente para temas relacionados con las empresas concesionarias, Olegario Ramón, ha ahondado aún más sobre el uso del dinero público recordando varios puntos que, a su juicio, son relevantes:

-El contrato con al Unión Ciclista Internacional (UCI) se firmó sin el informe de la Interventora municipal, quien además, en un informe del 20 de octubre de 2012 afirmó no tener conocimiento del contrato previo a esa fecha. Un contrato que obligaría al Ayuntamiento a asumir obligaciones económicas por una cuantía de 5 millones de euros, según Ramón.

-El contrato, en su cláusula 8.4, obligaba al Ayuntamiento a formalizar un seguro de cancelación por 10 millones de francos suizos como garantía en caso de que finalmente no se realizase el Mundial y se tuviera que indemnizar a la UCI. Según informa Olegario Ramón la cláusula no se cumplió.

-El informe del encargo de gestión se hizo con el informe desfavorable de la Intervención, deduce Ramón ya que sólo podía ser favorable en caso de que no se derivase ninguna obligación económica para el Consistorio. Además, se formuló por responsables políticos y no por un técnico responsable del servicio, como hubiera sido lo correcto.

-La gestión del pago del canon a la UCI, genera también muchas dudas según el balance de Olegario Ramón. El primer millón lo pagó el Ayuntamiento sin ninguna garantía de la Fundación de Deportes de que ese dinero si iba a devolver. Los cuatro millones restantes se financiaron a través de los avales del Banco Ceis, para los que la Fundación puso como garantía ayudas y subvenciones de la Junta de Castilla y León, dinero para el Pacto Local, ayudas para municipios de más de 20.000 habitantes, actividades deportivas, etc. Una gestión que incumplió el artículo 4º de la Ley de Haciendas Locales en el que se prohíbe destinar los fondos a otros temas que no sean los previstos. Ramón recuerda que los informes de Intervención señalaban el riesgo de estas operaciones porque además se incumplía el balance de estabilidad en un Ayuntamiento bajo un plan de ajuste.

Olegario Ramón afirma que lo grave es que lo que era una deuda financiera se convirtió en deuda pública que, obligatoriamente hay que pagar.

Rosa Luna, ponente para los temas relacionados con personal, ha destacado que muchas de las cuantías pagadas por las horas extras realizadas por el personal del Ayuntamiento son muy elevadas, superando, en algunos casos, los 9.000 euros. Apunta a que los partes de algunos los jefes de servicio están bien enmarcados, con días, horas y conceptos, pero en otros casos, el balance de horas se presenta sin el pertinente desglose. En gratificaciones y seguridad social se pagó 312.480 euros.

Tras la primera fase de solicitud de información, la Comisión Informativa realizará un listado de personas para pedir su comparecencia, el presidente de la Comisión, Miguel Ángel Fernández, calcula que será en septiembre. Tras las mismas se presentarán las conclusiones.

Por otro lado, si tras las mismas se aprecian delitos penales, “se tendrá que acudir a la fiscalía”, ha manifestado, Miguel Ángel Fernández, quien ha señalado que el principal objetivo es aclarar la gestión realizada y sus posibles responsabilidades políticas.