Educación
La Plataforma por la Educación Pública de Ponferrada apoya la huelga del 24
MANIFIESTO:
El Gobierno central y los autonómicos, utilizando como excusa la crisis económica, siguen recortando los recursos económicos y humanos de nuestro sistema educativo, a pesar de que esta política de ajustes no está logrando los objetivos de ahorro que dice perseguir, como muestran los datos de déficit y deuda pública.
Junto a los recortes, se están llevando a cabo una serie de reformas, como la LOMCE, el Real Decreto de Becas y Ayudas al Estudio, el desmesurado incremento de las matrículas universitarias que suponen la vuelta a un sistema que selecciona el alumnado y expulsa del sistema a quienes no encajen en un perfil prefijado ideológicamente.
Además, nuestros actuales gobernantes se empeñan en ignorar la opinión de los ciudadanos, quienes seguimos mostrando un rechazo frontal a esta política de recortes y contrarreformas, como demuestra los resultados de la “consulta ciudadana por la educación”.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública (integrada por madres y padres del alumnado, organizaciones de estudiantes, sindicatos de la enseñanza y movimientos de renovación pedagógica) puso en marcha en septiembre un calendario de movilizaciones para exigir al gobierno que escuche a la comunidad educativa y cese en su política de acoso y derribo a la educación.
La Plataforma por la Educación Pública de León apoya las movilizaciones y la Huelga General Educativa del 24 de octubre (convocada inicialmente por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública y posteriormente también convocada por otros sindicatos educativos), para trasladar el rechazo frontal de la comunidad educativa de León a los recortes en Educación, a la LOMCE y a la ausencia de voluntad negociadora por parte del Ministerio de Educación. Ni los recortes ni las reformas van a resolver los problemas que tenemos, sino que, por el contrario, los agravarán y, en consecuencia, conducirán a una sociedad más injusta e insolidaria.
La convocatoria de huelga responde a una acumulación de circunstancias que se han agravado con el tiempo y surge porque la situación lo exige, pues sobran las razones:
1ª) Los acumulados e imparables recortes en la Educación Pública, que afectan a la calidad de la Educación:
– Brutal recorte en los presupuestos educativos , restrictivos e injustos, que llevan a la pérdida de un punto PIB desde 2010: de 4’9% a 3’9%: -10.000 millones €.
– Consolidación de medidas provisionales de recorte, que pasan a ser definitivas: más alumnos por aula y menos profesores. Falta de cobertura de las bajas médicas. Menos recursos en las aulas y para el funcionamiento y mantenimiento de los centros. Desaparición de proyectos de innovación educativa y de formación. Reducción de las TICs. Caída de las inversiones en construcciones y equipamientos. Menos servicios complementarios de comedor y transporte escolar. Incremento sustancial en las tasas de matrículas en los estudios superiores, así como menos becas y ayudas al estudio: tan sólo en el último curso se han perdido 400.000 ayudas al estudio y 25.000 becas (medidas recaudatorias y segregacionistas, que impiden el acceso universal a la Educación Superior, fomentan el abandono de la misma y suponen la ruptura de la igualdad de oportunidades para las familias).
– Reducción y desajuste de las plantillas de profesores a pesar del aumento de alumnos: menos desdobles, apoyos, refuerzos. De 2010 a 2012: -2’5% profesores; +2’83% alumnos. Expulsión del sistema de más de 50.000 profesores interinos (156.723 afiliados menos a la S. S. en junio, julio y agosto). Práctica desaparición de la oferta de empleo público docente: la tasa de reposición de efectivos en 2012, 2013 y 2014 alcanza un ridículo 10%. Aumenta el empleo precario, no se asegura la necesaria renovación de las plantillas y se produce una inestabilidad que dificulta la puesta en marcha de programas educativos.
– Otros retrocesos en las condiciones laborales de los docentes: pérdida de poder adquisitivo del 30 por ciento desde 2010, pérdida de ayudas sociales, desaparición de licencias, ayudas por estudio y programas de formación.
Por todo ello, exigimos que cesen todos los recortes educativos y que se recupere el nivel de inversión educativa.
2ª) La desconfianza generada por el Gobierno hacia la enseñanza pública en favor de la privada-concertada, la falta de reconocimiento de la labor docente y la ausencia de voluntad de negociación por parte del Ministerio de Educación.
3ª) La aprobación de la LOMCE en contra del conjunto de la comunidad educativa (no satisface a nadie): con un proceso de elaboración marcado por la falta de diálogo con la comunidad educativa. Es una ley con fecha de caducidad, impuesta, innecesaria, inoportuna, retrógrada, que contiene medidas que ponen en grave peligro la Escuela Pública.
La Plataforma por la Educación Pública de León rechaza rotundamente la LOMCE porque: La LOMCE (Ley para Organizar Mejor los Conciertos Educativos) da un trato absolutamente preferencial a la enseñanza concertada, pues facilita la adjudicación de conciertos en detrimento de la oferta pública y supone un pacto con el mercado, al que hace grandes concesiones, amparándose en la libertad de elección de centros por las familias. Aumento de la duración mínima de los conciertos. Permite la cesión de suelo público para la construcción de centros privados. Atribuye conciertos a colegios que establecen educación diferenciada por sexos, lo que institucionaliza y consagra la segregación por sexos subvencionada con dinero público. Es una ley sin financiación y tras brutales recortes. Desconfía del profesorado (pruebas de evaluación del alumnado realizadas por personal externo a los centros) y establecerá rankings de centros (al hacer públicos los resultados, sin tener en cuenta sus características específicas). Debilita la participación democrática de la comunidad educativa en los centros, otorgando más poder a los directores: gerentes en gestión económica, empresarial y de recursos humanos, que, incluso, seleccionarán al profesorado.
Por ello, desde la Plataforma por la Educación Pública de León exigimos que se retire la LOMCE y que se inicie un proceso de diálogo y búsqueda de soluciones conjuntas con las organizaciones representativas de la Comunidad Educativa, que dote de estabilidad al sistema, desde la Educación Infantil hasta la Universidad, con una financiación que garantice su aplicación; que defienda sin ambigüedades la Educación pública, gratuita, igualitaria, laica, integradora, participativa y plural. La única salida a esta situación pasa por un verdadero Pacto por la Educación. Lo exigimos.
En este contexto, resulta imprescindible la unión de todos los miembros de la comunidad educativa en apoyo a una Educación Pública seriamente amenazada, plantando cara ante los recortes y ante las políticas educativas privatizadoras y neoliberales que persiguen el desmantelamiento de la Educación Pública. Una sociedad que haga de la educación una mercancía, que apueste por la privatización de todo lo público, es una sociedad enferma, sin futuro, que condenará a varias generaciones de ciudadanos al fracaso y a convivir sin un presente y un futuro dignos.
Se está produciendo, pues, un auténtico ataque a nuestro modelo social y de progreso. No podemos resignarnos, no podemos consentir que desmantelen una educación pública de calidad, imprescindible para mejorar la sociedad en la que vivimos y para contribuir en la extensión de los derechos fundamentales sobre los que se asientan todas las sociedades democráticas.