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Los ecologistas recuerdan a Laura Martín que los macroparques energéticos incrementan el éxodo rural

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En la reunión que mantuvieron cuatro colectivos ecologistas, entre ellos Bierzo Aire Limpio, con la directora del Instituto de Transición Justa, Laura Martín Murillo, le manifestaron que son los colectivos sociales los únicos que están defendiendo el paisaje ante la masiva implantación de macroproyectos energéticos en la cordillera Cantábrica.

Obras para la instalación de una torre eólica

Los ecologistas destacaron que estos macroproyectos no crean empleo e intensifican el éxodo rural porque afectan al turismo y a la agricultura, actividades vinculadas al paisaje. En ese sentido apuntan a que los reales decretos-ley 6/2022 y 20/2022 inciden en estos aspectos con la vulneración de las normas de evaluación ambiental vigentes y la eliminación de espacios de participación pública, por lo que piden su derogación.

A esto se suma el incumplimiento del mandato europeo en cuanto a la necesaria ampliación de Red Natura 2000 y la elaboración y ejecución de los planes de gestión y conservación, cuestión que afecta especialmente a Galicia y por la que la Comisión Europea mantiene abierto un expediente sancionador contra el Estado español.

Laura Martín, directora del Instituto de Transición Justa. Foto: Raúl Cañas

En su respuesta, la directora del Instituto para la Transición Justa, Laura Martín, defendió el PNIEC como una herramienta valiosa y puso el énfasis en el dinero invertido en restauraciones en las áreas de transición justa en el Bierzo y el Alto Sil. Pero reconoció que los proyectos de energías renovables con acceso a la red “superan las necesidades de electricidad que tenemos”. Rebatió el argumento de que los macroproyectos de renovables favorezcan la despoblación (“no está demostrado”) y reconoció deficiencias administrativas en materia de acceso a la información. Finalmente, se comprometió a trasladar las demandas a la ministra Ribera y a estudiar cómo abordar las autorizaciones de proyectos eólicos en Comunidades Autónomas reticentes a ampliar la Red Natura o con poca superficie protegida, incumpliendo el estándar europeo.

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