Los vecinos de Compostilla y Navatejera denuncian ante Europa irregularidades en las redes de calor

Asamblea de los vecinos del barrio de Compostilla sobre la Central de Biomasa de la Red de Calor. Foto: Raúl C.

Los vecinos de Compostilla y Navatejera han solicitado en Luxemburgo que se revise la financiación otorgada por el Banco Europeo de Inversiones a la Junta de Castilla y León para las centrales de biomasa previstas para las redes de calor en sus barrios. Denuncian irregularidades en las condiciones del proyecto Project Castilla y León Climate Change firmado por la Junta que pueden ocultar un presunto fraude o sobrecostes.

En concreto se menciona que no son sostenibles, ni mejoran el cambio climático o la prevención de incendios forestales, «No mejoran la sostenibilidad del sector forestal promoviendo el uso tradicional y alternativo de los recursos forestales como materia prima de biomasa e infringen la normativa ambiental y urbanística», apuntan desde las asociaciones.

La falta de suministro de “biomasa local” es uno de los grandes incumplimientos que destacan estas asociaciones. En Navatejera se reconoce un tránsito de dieciséis camiones diarios de suministro que probablemente provendrán de fuera de la provincia de León. De hecho, en los proyectos no se garantiza en ningún momento el lugar de origen de la biomasa, sin que exista suficiente oferta en León para estas instalaciones (y más con la reciente autorización de la planta de Forestalia).

La denuncia solicita que el BEI abra investigación sobre si la aplicación de estos fondos cumple con los acuerdos firmados y los fines de sostenibilidad exigidos; objetivos que se ponen en duda cuando se pretende gastar más de siete millones de euros en llevar calor a una serie de edificios que además están térmicamente obsoletos, sin ningún acondicionamiento. Se está “empezando la casa energética por el tejado”. Mientras no se reformen los edificios, su aislamiento etc, supone tirar el dinero (europeo) por la ventana”, argumentan los denunciantes.

Sobre el proyecto de Compostilla se apunta a que ni siquiera se ha obtenido la licencia ambiental, sometido a información pública, y votado en sesión plenaria en el Ayuntamiento de Ponferrada, «Se pretende ejecutar con una mera licencia de obras», comentan las asociaciones que, además, sospechan de la contratación de ACSA por parte del Somacyl por estar presuntamente implicada en varias causas de corrupción y de la relación política de las administraciones que promueven las centrales, Junta de Castilla y León/Somacyl, los concejales del Ayuntamiento, y la UTE Acasa-Maderas-Castiñeiras, «Ello podría explicar los motivos por los que el proyecto de Ponferrada no ha sido ni sometido a información pública, ni contrastado democráticamente, ni votado o aprobado por nadie ajeno al Partido Popular, a diferencia del de Navatejera», afirman los vecinos.

Uno de los puntos más relevantes de las reivindicaciones de las asociaciones es que las centrales se pretenden instalar en zonas colindantes con viviendas, siendo la de Ponferrada una parcela que está calificada como equipamiento en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que forma parte del Plan Parque de la Juventud. Se trata de una instalación industrial que estaría prohibida según la normativa municipal.

Por último, se apunta a la alarma social que han generado las instalaciones que cuentan además con cuatro demandas judiciales que se tramitan en el juzgado Contencioso-Administrativo de León.