Ponferrada

Muñoz aclara que todo lo que depende de Bienestar Social se ha gastado íntegramente

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El concejal de Bienestar Social, Pedro Muñoz, ha desmentido las acusaciones del portavoz del GMS, Olegario Ramón, referentes a la liquidación del acuerdo marco con la Junta de Castilla y León y el presupuesto de su área.

Pedro Muñoz. Foto: Raúl C.

Muñoz enfatiza que todas las partidas, relacionadas con gastos de personal técnico, dependencia, servicio de atención en centros residenciales, inclusión social, apoyo familiar, etc, se han ejecutado en su totalidad. En estas partidas la Junta aporta 856.000 euros y el Ayuntamiento ha gastado 1.678.000 euros, “más del doble de lo que le da la Consejería”, manifiesta Muñoz.

El Portavoz aclara otras cuestiones relacionadas con la teleasistencia, la ayuda a domicilio o las ayudas económicas que están condicionadas al cumplimiento de requisitos legales y la existencia de solicitantes, prestaciones que son analizadas por los CEAS. Añade que los profesionales del servicio de Interlocución Hipotecaria ejercen un trabajo que, más allá de ser de mera gestión, implica una ardua labor de asesoramiento e intermediación, “Olegario Ramón parece desconocer también que, aparte de nuestras ayudas, las profesionales de los servicios sociales analizan profundamente el caso y derivan al usuario a la prestación que mejor le convenga, ya que no solo existen las prestaciones municipales, existen otras prestaciones que también gestionan las trabajadoras sociales, como la Renta Activa de Inserción, Prestaciones contributivas y no contributivas, Renta Garantizada de Ciudadanía etc”, comenta Muñoz.

Sobre el acuerdo marco con el gobierno autonómico, señala también que la Junta no financia el 100% de los gastado de las ayudas ya que el Ayuntamiento se compromete a aportar una cantidad calculada como un porcentaje de los efectivamente gastado.

Respecto a la municipalización del centro de menores, Olegario Ramón acusa al concejal Pedro Muñoz de no haber cumplido su palabra. Lo que no dice es que los informes jurídicos y económicos lo han impedido hasta ahora.

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