El Grupo Municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Ponferrada reclama mayor transparencia en la adjudicación de contratos por parte del Consistorio. Mediante una iniciativa presentada por escrito, las concejalas Rosa Luna y Ruth Santín proponen al equipo de gobierno la creación de un registro de empresas y la publicación de los procesos de contratación en la web municipal.

Rosa Luna y Ruth Santín. Foto: Raúl C.

Ciudadanos considera esencial que el Ayuntamiento cuente con un registro de empresas por sectores a las cuales les haga llegar las ofertas de contratación, para lo cual propone la habilitación de un mecanismo que, debidamente publicitado, permita que toda empresa que lo solicite pueda ser incluida en dicho registro, siempre manteniendo los principios de la libre concurrencia amparados por la Ley.

Además, Luna y Santín plantean la necesidad de hacer pública para los ciudadanos toda la información posible sobre los procesos de contratación en la sección de transparencia de la página web del Ayuntamiento de Ponferrada. Con ello se daría publicidad a los contratos que se hayan adjudicado bajo esta modalidad dando cuenta del departamento gestor, número de expediente, objeto y tipo de contrato, número de licitadores participantes en el procedimiento, el importe adjudicado, la fecha de aprobación de la contratación, el servicio prestado y la empresa prestataria, así como las posibles decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.

El Grupo Municipal Ciudadanos recuerda que la Ley de Contratos del Servicio Público determina unos principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos para eliminar la discriminación y promover la igualdad de trato. Esta ley establece que para los contratos mayores el importe debe ser inferior a 50.000 euros cuando sean de obras e inferior a 18.000 euros en caso de suministro o servicios, no pudiendo tener este tipo de contrato una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.
Los contratos menores, por otro lado, se conciben como una herramienta para resolver problemas puntuales de la administración pública que exijan una rápida intervención y que necesiten una tramitación ágil. “Sin embargo, este mecanismo no se puede usar de forma discrecional y habitual para evitar tener que dar explicaciones sobre el adjudicatario o la necesidad de la obra o servicio a que se refiere”, señalan Luna y Santín. Su uso debe ser moderado y riguroso y exige procedimientos extraordinarios de control y un extra de información para no menoscabar los requisitos de libre concurrencia, transparencia, publicidad e igualdad de trato.

La aplicación de las directrices que marca la ley conlleva, además, a “un mejor control del gasto en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y garantiza la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”, explican.

Por otro lado, la Ley General de Subvenciones señala que cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley de Contratos del Sector público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contracción. Estas cuantías a las que se refiere son 30.000 euros para obras y 12.000 euros para contratos de suministro o de servicios. Por ello, las concejalas del partido naranja consideran que tanto las cuantías derivadas de subvenciones como aquellas que proceden de las arcas municipales son dinero público y, por tanto, la gestión de contratación debería realizarse de la misma manera, por lo que también se evitaría discriminar unas prestaciones frente a otras.

Ciudadanos opina que la promoción de estas nuevas medidas encaminadas a la transparencia en los contratos “no sólo facilitaría los cauces establecidos para el encargo de servicios o suministros por parte del Ayuntamiento, sino que haría partícipes en mayor medida a los ciudadanos de las decisiones que toman sus representantes respecto al gasto público”. Además, ello supondría una mejora sustancial en cuanto a las condiciones de garantía de libre concurrencia e igualdad que garantizarían que el Consistorio pudiese optar a la mejor oferta, con el consiguiente beneficio de ahorro para las arcas municipales, evitando además conflictos y dudas sobre los contratos otorgados por el Consistorio.